Blog de Cruz Santizo

¿SABES QUÉ HACER SI PROFECO TOCA A TU PUERTA?

La Procuraduría Federal del Consumidor puede, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Federal del Consumidor y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, practicar la vigilancia y verificación necesaria en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito. En estos casos, la Procuraduría puede actuar de oficio, debiendo exhibir y entregar la orden de visita en ORIGINAL a la persona con quien se entienda la misma, en caso de negarse a recibirla, dicha circunstancia se asentará en el acta. El visitado está obligado a prestar todas las facilidades para la visita, en caso contrario, los visitadores pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública y la imposición de una multa por cantidades de hasta $22,216.42 (Veintidós mil doscientos dieciséis pesos 42/100 m.n.) Si en dicha visita es necesario tomar muestras, éstas deberán ser por triplicado (una para el análisis en la Procuraduría, otra para el visitado y una tercera que será una “muestra testigo” que quedará en poder del visitado pero a disposición de la Procuraduría) colocando sellos que garanticen su inviolabilidad. Te recomendamos que en caso de que los verificadores de PROFECO toquen a tu puerta, seguir las siguientes recomendaciones: 1.- Cerciorarte de la personalidad de éstos, es decir, además de la credencial o identificación que les expide la propia Procuraduría, solicitar otra identificación con fotografía. 2.- De ser posible, comunicarte a la PROFECO para verificar que dicha visita fue emitida por ellos y que los visitadores se encuentran debidamente adscritos a dicha Procuraduría. 3.- Contar con dos testigos designados por ti. 4.- En caso de que se tomen muestras, cuidar que sea de acuerdo a lo platicado en este artículo. 5.- Recordar que la PROFECO en sus visitas tiene la facultad de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan o se presten los servicios y los documentos en instrumentos relacionados con la actividad, por lo que habrá que ser muy cuidadoso de todos los detalles. 6.- Tener siempre a la vista del consumidor final los precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa drenada, tarifas e instrumentos de medición de los bienes o servicios. Recuerda que cuando no se cumplan con estas disposiciones, la Procuraduría podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se comercialicen. Las medidas precautorias que podrá tomar la PROFECO son las siguientes: I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes; II.-Aseguramiento de los bienes o productos; III.-Suspensión de la comercialización de los bienes, productos o servicios; IV.- Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya determinado que ponen en vida la salud o vida de los consumidores; V.- Colocación de sellos de advertencia.

¿Qué es una A.C.?

Una ASOCIACIÓN CIVIL se constituye mediante un acto jurídico, por el cual se reúnen dos o mas personas, para realizar un fin posible, lícito y común y QUE NO TENGA UN CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO. La constitución de una Asociación Civil deberá constar en escritura pública, y ésta y el estatuto de la asociación deben inscribirse en el Registro Público. Los requisitos con los que deberá contar la Asociación Civil los encontramos en el artículo187 del Código Civil para el estado, éstas se regirán por sus estatutos residiendo en la asamblea general el poder supremo; en dichas asambleas cada asociado gozará de un voto sin que pueda votar respecto de las decisiones en que se encuentre directamente interesado el socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales del segundo grado. La administración y representación será ejercida por un director o un consejo de directores (siempre de acuerdo a los estatutos) quienes serán: a) Ejecutores de los acuerdos de la asamblea general, b) Tendrán facultades para encausar los actos de la asociación hacia el logro de los objetivos de ésta y c) Serán responsables por los excesos o defectos en el cumplimiento de los acuerdos de la asamblea general. Cada vez que se reuna la asamblea general, deberá incluirse, como un punto de la orden del día, el informe que el director o el consejo de directores rendirá sobre el estado que guarde la asociación y la situación económica de la misma. La calidad de asociado es intransferible, salvo por causa de muerte. Para estos casos no son aplicables las asociaciones de asistencia social, quienes se rigen por ley diversa. La normatividad relativa a las Asociaciones Civiles en el estado de Puebla, se encuentra en los artículos 184 al 212 del Código Civil para el estado de Puebla.

¿Qué es el juicio oral sumarísimo?

En el Estado de Puebla, quedó implementado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, un procedimiento de resolución rapidísima denominado Juicio Oral Sumarísimo. A través de esta resolución, pueden las partes por voluntad expresa dirimir su controversia ante un juez de primera instancia. (La voluntad de las partes deberá ser pacto expreso en un contrato materia del juicio.) En este juicio el actor comparece ante el juez y le narra el objeto que persigue, los hechos en que se funda y las pruebas que justifican sus peticiones, el Tribunal levanta un acta y manda citar a las partes para que comparezcan dentro de los cinco días siguientes en hora fija ante la presencia judicial para la audiencia de conciliación y excepciones. Si el demandado no comparece a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda, dictándose la sentencia definitiva. Por otro lado, si el demandado acepta los hechos en que se funda la pretensión, sin mayores formalidades el Juez dictará la sentencia definitiva. En su caso, si el demandado niega o acepta sólo en forma parcial los hechos, se escucharán sus alegaciones y el Juez, sin emitir opinión, convocará a las partes a conciliar sus intereses. Si se logra la conciliación, ahí termina el juicio. Si no se logra la conciliación en la misma audiencia, el demandado dará respuesta verbal a los hechos expuestos y ofrecerá las pruebas que estime a su favor. El juez citará a las partes en día y hora fija para la audiencia de desahogo de pruebas. Ahí recibirá alegatos y dictara sentencia. De esta manera, se cumple cabalmente con el principio de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este tipo de juicio el tiempo de administración de justicia se reduce considerablemente de dos o tres años que dura un procedimiento ordinario a tres o cuatro meses.

¿Sabes cuando es procedente el juicio oral en material mercantil?

Es un modelo de proceso que busca grosso modo consolidar una justicia transparente, imparcial y expedita, pero sobre todo más cercana y de cara a la sociedad. Ese cambio que implica un cambio sustancial y muchas implicaciones estructurales de personal y de presupuesto en cuanto a la forma como hasta ahora se han venido tramitando los juicios de esa materia, exige conocer prácticas en oralidad y adquirir las herramientas y habilidades necesarias para el eficaz y eficiente desempeño en los nuevos roles que asumirán las sujetos del proceso (jueces, partes y terceros). El juicio oral mercantil tendrá lugar por cuantía, cuando la suerte principal no sea superior a los $220,536.48MN, los intereses y demás accesorios reclamados no serán incluidos a la fecha de interposición de la demanda; solo serán admitidos los conflictos de tramitación ordinaria, es decir que los de tramitación especial establecidos en el código de comercio y en otras leyes o los de cuantía superior e indeterminada no podrán ser sujetos del procedimiento oral mercantil. El juicio oral mercantil se basa en los siguientes principios: a) Principio de Concentración que pretende evitar la dilatación en el tiempo de la consecución procesal; b) Principio de Contradicción, el cual exige el derecho que tienen las partes a participar en todas aquellas diligencias probatorias que les pudieren preparar un perjuicio o desde luego un beneficio; y c) Principio de Inmediación, es decir, es esencial que la actividad probatoria se practique ante el juez o tribunal competente, exigencia acorde con el principio de oralidad que rige totalmente el proceso. Su fundamento lo encontramos en el Código de Comercio en los artículos 1067 Bis; 1339 Bis; y un Título Especial, que se denomina Del Juicio Oral Mercantil, que comprende los artículos 1390 Bis a 1390 Bis 49.

¿Es obligatorio atender las cartas invitación enviadas por el SAT?

Dentro del gran universo de figuras jurídicas en materia fiscal, encontramos las denominadas Cartas Invitación, las cuales no tienen fuerza vinculatoria frente al contribuyente para que este realice los pagos que en estas se establecen y que simplemente son un exhorto que emite el SAT, IMSS o Finanzas para que se regularice respecto de las obligaciones omitidas detectadas y no se le vulnere en su esfera jurídica (acto declarativo), de ahí que no constituya una resolución definitiva y por tanto pueda ser impugnable a través del Juicio Contencioso Administrativo, esto en virtud de la interpretación que realiza la Corte a través de la jurisprudencia que al rubro señala: “CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA”. En ella se establece que la carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado. No obstante, las cartas invitación carecen de certeza jurídica y legalidad, y a pesar de no ser motivo de impugnación resulta un acto de molestia para el contribuyente, simplemente por el hecho de que la autoridad “presuma irregularidades y las determine”, además de ser un aviso por parte de la autoridad hacia el sujeto obligado al pago de impuestos de que lo conoce, sabe cuáles son sus actividades preponderantes, donde está su domicilio, entre otras circunstancias, y de hacer caso omiso, la autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación, mientras que si estas se atienden se estaría perfeccionando la legalidad a través del consentimiento, vulnerando con ello lo que mandatan los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como de algunos derechos previstos dentro de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. El atender o hacer caso omiso a una carta invitación dependerá del contribuyente, y en el grado de cumplimiento de éste frente al Fisco, de lo contrario en el futuro se podrá ver inmiscuido con créditos fiscales (accesorios, actualizaciones, recargos entre otros) además de multas e incluso en infracciones, es por ello que se recomienda a los contribuyentes a mantenerse regularizados e informados acerca de su situación fiscal para evitar conflictos ante las diversas autoridades fiscales que conlleven a un detrimento en su esfera jurídica derivado del desconocimiento de las diversas obligaciones o de una indebida asesoría por personas no especialistas en la materia.